“Santa Tecla: Mujer implicada en estafa por venta de iPhone evita la prisión”

Mujer implicada en estafa por venta de iPhone evita la prisión

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Una mujer que engañó a otra mediante la venta de un iPhone consiguió evadir la cárcel tras obtener una salida alternativa, según informaron los Centros Judiciales de El Salvador (CJES) en declaraciones difundidas la tarde del lunes.

Se trata de Amalia A., imputada por el delito de estafa, a quien el Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla le otorgó una suspensión condicional del proceso por un año, lo cual le permite mantenerse en libertad bajo ciertas condiciones durante dicho periodo.

Los CJES relataron que los hechos se originaron el 09 de noviembre de 2023, cuando la víctima, en busca de adquirir un teléfono móvil, contactó una página web dedicada a la venta de dispositivos electrónicos. En ese portal se le ofreció un smartphone de la marca iPhone por el precio de $334.50. La víctima efectuó una transferencia bancaria como pago, sin embargo, nunca llegó a recibir el aparato prometido, lo cual la impulsó a interponer la denuncia correspondiente por estafa.

De acuerdo con el comunicado de los Centros Judiciales, “la procesada tuvo la obligación de pagar $345.00 a la víctima en concepto de indemnización por los daños ocasionados, además de cumplir con estrictas normas de conducta que incluyen no cambiar de domicilio y someterse periódicamente a las autoridades mediante el control de un juez de vigilancia penitenciaria”. Esta medida busca asegurar que Amalia A. se apegue a las condiciones impuestas y evitar futuros actos delictivos.

La resolución del Tribunal ha generado diversas reacciones en redes sociales y medios locales, ya que algunos ciudadanos consideran que la sentencia representa una respuesta equitativa ante el delito cometido, mientras que otros opinan que las sanciones alternativas deben ser evaluadas con cautela para prevenir reincidencias.

Este caso se suma a los recientes esfuerzos de las autoridades salvadoreñas por endurecer las medidas contra la estafa y otros delitos de fraude, en un contexto donde la protección de los derechos de los consumidores se ha convertido en una prioridad para el sistema judicial del país.